Darío Pale
Xalapa, Ver.- La abogada Itzel Jurado Ortiz quien lleva el caso de los Propietarios de la zona denominada Jinicuil Manso, en Sierra Alta, perteneciente al municipio de Coatepec, dieron a conocer que lograron una suspensión definitiva para que la Sedatu evite hacer el deslinde de las más de 2 mil hectáreas de terreno que fueron invadidas por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
En conferencia de prensa realizada en conocido café del centro de Xalapa, explicó que frente a esa suspensión definitiva la Sedatu se inconformó e interpuso un recurso de queja que está caminando, ya que dicho amparo sentará un precedente para la defensa del medio ambiente, de bosques y del agua de la zona, porque además está sustentado en dictámenes en hidrología y medio ambiente, mismos que respaldan el Inecol y Pronatura.
Asimismo, recordó que el despojo está denunciado ante la Fiscalía Sexta, desde julio de 2019, por lo que tienen 18 meses esperando que el organismo autónomo emita una determinación para ver si con todo lo que han presentado y logrado, considera que hay delito o no.
La abogada de los propietarios resaltó que también presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos del orden federal que hubieran cometidos los servidores públicos de la Sedatu, por las irregularidades cometidas en el procedimiento del deslinde y, también, por los delitos ambientales que se pudieran haber cometido por parte de los invasores al hacer sus necesidades fisiológicas en el área, talando árboles, entre otros.
“Desde nuestra perspectiva, la Fiscalía General de la República también es competente de este asunto, toda vez que la Conagua está aportando un recurso federal para programas”, destacó.
Finalmente Itzel Jurado reveló que la carpeta ya está radicada en Veracruz y por lo tanto la FGR ya realizó las primeras diligencias de inspección en el lugar de los hechos, donde por cierto el día de la diligencia hubo detonaciones, además de que presentaron otra denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (ASF) en contra de los servidores públicos de la Sedatu por la responsabilidad administrativa que pudiera resultarles.
