Darío Pale
Xalapa, Ver.- Teresa Carbajal representante legal de El Barzón en Veracruz dio a conocer que las entidades financieras buscan perfeccionar sus métodos de cobranza, donde el mayor beneficio será evitar procesos judiciales y con ello costos en la recuperación de sus capitales, ya que permitirá realizar descuentos automáticos de nómina.
En conferencia de prensa realizada en conocido café del centro de Xalapa, señaló que “el pasado 18 de febrero fue aprobada por la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma por adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con la finalidad de crear la figura de “Crédito de nómina con cobranza delegada” anunciándose como una forma de proteger el derecho al crédito, fomentar la inclusión financiera y evitar abusos a usuarios, sin embargo después de un análisis jurídico, social y político de la misma podemos afirmar lo siguiente: la iniciativa responde a las cifras de cartera vencida y moratoria que aumentan por la crisis económica ante la pandemia”.
Dio a conocer que este modelo violenta el debido proceso, juicio justo, y la garantía de audiencia como máximo principio de seguridad jurídica y económica.
Permitiéndose una especie de “embargo sin juicio” sobre sus ingresos; orden, que solo podría ser decretada por un juez.
“Se obligaría a los trabajadores a demandar a su acreedor en caso de inconformidad ante algún abuso o atropello a sus derechos, con las consabidas consecuencias que un proceso implica para el deudor, en costos, tiempo, movilidad”, comentó.
Señaló que el mecanismo de financiamiento que se paga con descuentos directos de su salario, ha sido durante años en Veracruz un negocio predatorio que ha propiciado sobreendeudamiento, usura y atropellos a los derechos humanos de los acreditados por la falta de transparencia, equidad y seguridad jurídica a favor de los prestamistas y en perjuicio del patrimonio de los asalariados.
“Por Mandato Constitucional el salario es inembargable, al igual que las pensiones jubilatorias, por lo que la iniciativa resulta inconstitucional al privarnos de la posibilidad de llevar una vida libre y autónoma que nos permita el ejercicio de la democracia.¡El Salario no se toca!, y no debe ponerse a disposición de intereses particulares o de grupos, porque es nuestra protección económica, un derecho fundamental que nos da seguridad jurídica, económica y acceso efectivo a la justicia”, finalizó.
