*Expertos en derechos humanos piden frenar polarización e investigar crímenes electorales.
Ginebra/Washington D.C.- Tras una mortífera campaña electoral, expertos en derechos humanos de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron hoy a las autoridades mexicanas que se aseguren de que el periodo postelectoral sea pacífico, y que investiguen los asesinatos y las violaciones de derechos humanos en el periodo previo a la votación del domingo, así como durante el mismo día de las elecciones.
“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica”, dijeron los expertos.
“Llamamos a que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos de los candidatos políticos y las numerosas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones. Esta es la única manera de que México avance democráticamente”.
“A pesar de la violencia a lo largo del periodo electoral, reconocemos los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la violencia, incluyendo la reciente implementación de una estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos, y los esfuerzos genuinos para asegurar que ningún votante sea discriminado”, dijeron los expertos.
Con más de 20.000 escaños en juego, las elecciones del domingo fueron las mayores elecciones de la historia de México: se votó por 500 miembros de la cámara baja del congreso y 15 gobernadores de estados, así como por miles de funcionarios locales.
Desde el pasado mes de septiembre se han producido al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña y la propia campaña. Entre las víctimas figuran al menos 89 políticos y 35 candidatos, así como sus familiares, periodistas y funcionarios no políticos. Además, hubo al menos otros 782 ataques por motivos políticos -que van desde amenazas de muerte hasta intentos de asesinato- contra políticos. Muchos candidatos abandonaron la campaña alegando que temían por su vida.
“Esperábamos no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018 y, sin embargo, este año ha sido, si cabe, aún peor”, afirman los expertos.
“Hay que tomar medidas serias de inmediato para apoyar a las instituciones democráticas para que dicha violencia no se repita durante las elecciones presidenciales de 2024”.
“El derecho a la vida es absolutamente fundamental y los candidatos deben poder hacer campaña sin temer por su vida”, dijeron. “México también debe respetar, proteger y cumplir los derechos a la libre asociación y a la participación en el proceso político, incluido el derecho de los ciudadanos a elegir al candidato de su elección.”
Los expertos expresaron su preocupación ante la persistencia de patrones discriminatorios operados por los actores políticos, especialmente contra las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados, como los pueblos indígenas.
Expresaron su especial preocupación por el nivel de violencia sin precedentes contra las mujeres, incluidas las periodistas. Las agresiones contra las mujeres -incluida la violencia sexual- representaron más de un tercio de todas las agresiones denunciadas durante la campaña.
La campaña puso de manifiesto otros problemas de derechos humanos, según los expertos, como la presunta participación de la delincuencia organizada en la campaña y la intimidación que conduce a la autocensura de los periodistas, lo que obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas con conocimiento de causa.
Los expertos también subrayaron el importante papel que desempeñaron las instituciones electorales independientes: en cualquier elección libre y justa: “son vitales para prevenir el fraude electoral y, por tanto, deben ser protegidas de cualquier presión indebida, intimidación o amenaza”.
“El paquete de medidas para asegurar una vida pacífica y democrática en México debe incluir investigaciones completas y efectivas de todos los actos de violencia relacionados con el proceso electoral, justicia y reparación para las víctimas, así como medidas para asegurar que las futuras elecciones sean pacíficas y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, concluyeron los expertos.
