Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- La Jueza Erika Rivera Herrera vuelve a ser foco de atención por una nueva irregularidad en su labor; en esta ocasión, la adscrita a la etapa de juicio del Juzgado de Responsabilidad Juvenil en el Estado de Veracruz en el distrito judicial de Palma Sola, violentó los derechos de un joven al que mandó a encarcelar por dos años.
El joven identificado como Gabriel “N” (para resguardo de su verdadera identidad), fue acusado y procesado por el ilícito de lesiones en perjuicio de una persona mayor de edad.
Los hechos quedaron delimitados como lesiones que por su naturaleza no pusieron en peligro la vida de la agredido, situación que avaló el dictamen médico respectivo; y como corresponde en la materia de justicia juvenil, tal acción no ameritaba la imposición de la medida de sanción de reclusión.
Turnado el asunto a la etapa de juicio, la jueza Érika Rivera Herrera, en contubernio con un Fiscal, violentó los principios de igualdad procesal e imparcialidad que debe regir en todo proceso, cambió la acusación en perjuicio del adolescente y sin justificación legal alguna, decidió agravar el delito para el efecto de imponerle la sanción privativa de la libertad por dos años, sin que los hechos y la clasificación original ameritaran tal condena.
Cabe recordar que anteriormente ya habia sido acusada de otro mal procedimiento con un adolescente acusado de un delito grave, este llegó a la etapa de juicio con la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso de cinco meses, que es el plazo máximo establecido para tal medida en la justicia para adolescentes.
Vencido el ese término y por disposición de la misma normatividad, la jueza citada debió variar la medida para que el adolescente siguiera el juicio con diversa medida cautelar, pero en libertad.
Sin embargo no sucedio así, porque la Jueza Érika Rivera Herrera, en un abuso de autoridad, decidió prolongar la medida de privativa de libertad, a pesar de que no existía justificación legal para ello.
Por si fuere poco, la situación no solamente la viven los adolescentes, sino también el personal a su cargo, pues han señalado que la jueza toma por encargo a uno de sus subordinados y de manera perversa busca que sean despedidos por el Consejo de la Judicatura, inventándoles cualquier falta o los acosa psicológicamente de tal manera que no les queda más que renunciar.
Ella misma se jacta que hasta la presente fecha lleva más de quince personas que han estado bajo su mando y que por su intervención han sido despedidos.
La última de sus víctimas que laboraba bajo sus órdenes, tuvo que renunciar porque el acoso laboral a la que la sometió, le complicó ciertos padecimientos que ya tenía, pues no solamente el acoso lo evidenció durante las horas de trabajo, sino que bajo argucias le fabricó un falta administrativa y la denunció ante el Consejo de la Judicatura, para que injustamente la citada colaboradora fuera sancionada.
El pasado 2 de julio de 2020, la togada fue acusada de haber resuelto el asunto penal de otro joven sin siquiera haber asistido a las audiencias y en octubre de 2019, la mamá de un joven procesado dio a conocer tratos discriminatorios para dejarlo tras las rejas con dolo.
