Xalapa, Ver.- Durante la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado, la Diputada Arianna Angeles Aguirre recordó que la bancada del PRI en el Congreso del Estado, durante la discusión del Presupuesto de Egresos para 2022, levantó la voz y solicitó la ampliación del presupuesto para esta institución, mientras que la mayoría legislativa de Morena prefirió callar.
Además, señaló que distintos estudios sobre la procuración de justicia en los estados de la República Mexicana muestran que Veracruz se encuentra en los últimos lugares. “Cuando vemos con atención lo que se publica en distintos estudios sobre Procuración de Justicia en los Estados, el caso de Veracruz nos llena de frustración. En 2018, Veracruz estaba en el lugar 28; ahora en 2021, está en el 30, está peor que antes”, dijo la Secretaria de la Mesa Directiva, Arianna Angeles.
Al respecto, la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, reconoció la voluntad política del Grupo Legislativo del PRI, y exhortó al resto de los diputados a observar que estados con menor número de habitantes cuentan con mayor presupuesto público y actuar en consecuencia, “no hay que sentirse frustrados, debemos generar acuerdos y apoyos para poder fortalecer las instituciones de procuración de justicia”, dijo.
En este sentido la legisladora priista mencionó que la organización ‘Impunidad Cero’, a través de su informe anual denominado “Indice Estatal de Desempeño de las Procuradurías Y Fiscalías 2021”, muestra que Veracruz se encuentra en el lugar 31, por lo que cuestionó las razones por las cuáles se encuentra en este número y si la afectación es debido al presupuesto asignado a la Fiscalía .
Angeles Aguirre también dijo que la consultora internacional Control Risks, realizó un estudio donde muestra que en Veracruz presenta un “riesgo alto de seguridad” para las inversiones debido a los actos de violencia que se registran en todo el estado.
Durante su segunda intervención la Diputada cuestionó a la Fiscal sobre 44 funcionarios con cargo de responsabilidad operativa hasta directiva, que presuntamente cobran doble plaza; esto de acuerdo a los portales de transparencia de la Fiscalía General del Estado y de otras Dependencias del Poder Ejecutivo que muestran que sus salarios van de los 23 mil pesos hasta los 109 mil pesos mensuales.
Para finalizar la Diputada priista preguntó sobre las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación cuando revisaron los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública.
“Me refiero a la adjudicación directa mediante contrato de fecha 14 de diciembre de 2020 a un proveedor que manifestó contar con capacidad profesional, técnica, económica y administrativa. Este proveedor de razón social VALMAR SALUD INTEGRAL SA de CV se le contrató para brindar servicios al Centro de Evaluación y Control de Confianza por un monto de 2 millones de pesos, observando que, en RFC que su constitución ante el SAT fue el 13 de noviembre de 2020, un mes antes de su contratación; lo que hizo presumir a la ASF que no tenía capacidad técnica, profesional, económica y administrativa al momento de su contratación”, puntualizó la diputada.
