Darío Pale
Xalapa, Ver.- La fiscal general del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns dio a conocer los acuerdos de sesión ordinaria 2023 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste y que mientras no se legisle, MP seguirá solicitando prisión preventiva oficiosa.
Al dar las conclusiones destacó que en materia de extinción de dominio, se pronunciaron a favor de establecer mecanismos para la coordinación, coadyuvancia, colaboración y apoyo recíproco entre la FGR y las fiscalías y procuradurías del país a través de sus unidades especializadas en materia de extinción de dominio.
La Fiscal General hizo una amplia exposición de todos los acuerdos tomados en la primera sesión, entre esos, sobre el estado que guarda la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses.
“Reiteramos nuestro compromiso de continuar con los trabajos para la interoperabilidad del Mecanismo de Búsqueda Automatizado con las plataformas, sistemas, bases, registros, bitácoras o cualquier medio de compilación, información con los que cuenten nuestras instituciones”, subrayó.
En ese sentido, dio a conocer que acordaron participar en la implementación del plan de trabajo y la ruta crítica de acompañamiento técnico ofrecido por la Agencia de Investigación Criminal a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), para la integración de los planes individualizados de integración del Banco, a través de sesiones técnicas.
Hernández Giadáns señaló que mientras los legisladores del país no reformen el artículo 19 Constitucional o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adopte un criterio obligatorio que inaplique la prisión preventiva oficiosa; el Ministerio Público deberá seguir solicitando su aplicación.
Tras la primera sesión ordinaria 2023 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste; definió que el MP deberá aplicar estrategias para lograr la justificación de la medida cuando sea necesario.
Expresó que para lograr un mayor éxito en las judicializaciones de los casos que por incompetencia pasan del fuero común al fuero federal, se acordó enviar a la Fiscalía General de la República las incompetencias con actuaciones válidas, con los bienes asegurados que se relacionen con el delito de competencia federal en los términos siguientes:
Por último comentó que en asuntos con detenido en un plazo no mayor a 24 horas después de la detención y/o puesta a disposición ante el MP, en investigaciones sin detenido, en un término que no exceda de 10 días hábiles.
