Juan Arcos
Xalapa, Ver.- La jueza Angélica Sánchez Hernández salió del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la madrugada de este viernes 14 de julio, luego del cambio instruido en las medidas cautelares tras la resolución de un órgano federal.
Durante la audiencia que concluyó la noche del jueves 13 de julio en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, el juez de control Roberto Santos Maldonado dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que él mismo impuso el pasado 22 de junio.
Luego de que la jueza accediera a un cambio de medidas, mediante una garantía económica de un millón de pesos y el arraigo domiciliario, su hija Ingrid Gómez confirmó que Angélica llegó a su domicilio a las dos de la madrugada de este viernes.
El traslado fue custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) luego de aproximadamente cinco horas de trámites en el penal de Pacho Viejo, ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad de Xalapa.
Ingrid Gómez consideró que su madre no ha sido liberada y que aún falta justicia en este caso, pues ahora la funcionaria judicial deberá permanecer en su vivienda, en la colonia Lomas Verdes, hasta que concluya el proceso penal en su contra.
“Salió de Pacho como a la una y media, llegó a casa como a las dos de las mañana. No es como tal una liberación, fue un cambio de medida cautelar como ya se había planteado antes. Solamente se varió la medida cautelar de la prisión preventiva al arraigo domiciliario y a una garantía económica”.
Su familia está más tranquila de tenerla en casa, aunque tenga prohibido salir de su domicilio y haya una vigilancia permanente por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
El juez de control acató la instrucción del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, mismo que le concedió una suspensión provisional contra la prisión preventiva.
La jueza fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México, por segunda ocasión, esta vez señalada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
“Solamente agradecer todo el apoyo que recibimos de la sociedad y de las autoridades competentes, consideramos que esto también es un avance en las cuestiones de derechos”, enfatizó Ingrid.
