Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- Por el uso de empleados municipales y mobiliario del Ayuntamiento para colocar propaganda de la aspirante a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, fue denunciada la alcaldesa de Alvarado, Lizette Álvarez Vera.
Es de recordar que este sábado 10 de febrero, la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nahle tendrá su cierre de precampaña en la cabecera municipal del municipio Alvarado.
En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) los actos ilegales ejecutados por los empleados municipales, presentando fotografías y videos como prueba y donde se evidencia al trabajador colocando publicidad del Partido Verde (PVEM) en el bulevar “Gabriel Carballo”.
El PRD acusó a la alcaldesa de violación a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. Uso de recursos públicos; falta el deber de cuidado al ordenar a trabajadores del Ayuntamiento de la colocación de propaganda política electoral, en espacios de equipamiento urbano.
Para ello presentaron documentación, fotografías y constancias donde se prueba este acto, por lo que pidieron sanciones correspondientes.
Cabe mencionar que en diversas ocasiones el árbitro electoral ha pedido a los alcaldes y demás autoridades no intervenir en el proceso electoral.
El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al desvío de recursos públicos como la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse, una de ellas es usar equipo y personal con cargo al Ayuntamiento para actividades políticas.
Algunas de las sanciones posibles son: Suspensión del empleo, cargo o comisión: Esta sanción implica la suspensión temporal de las funciones del servidor público por un período de treinta a noventa días naturales.
Es importante tener en cuenta que, en este caso, también se configura un delito electoral por lo que el funcionario podría incluso ser denunciado por la vía penal.
Cabe precisar que fue MORENA quien modificó la Constitución y aquellas personas que cometan un delito electoral se les castigan con cárcel de manera preventiva oficiosa, en tanto, se resuelve su situación jurídica.
