José Vargas
Tatahuicapan, Ver.- A pocos días de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Tatahuicapan enfrenta severas acusaciones por el presunto uso indebido de recursos públicos para beneficiar políticamente a Vladimir González Martínez, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal e hijo del actual alcalde Eusebio González.
Entre los señalamientos más graves se encuentra la participación activa del Tesorero Municipal, quien fue fotografiado en horario laboral entregando propaganda del PT. Testimonios ciudadanos también aseguran que vehículos oficiales del municipio son utilizados durante actos de campaña, incluyendo una unidad de Protección Civil conducida por un ciudadano identificado como Sixto, quien ha sido visto operando el vehículo en eventos proselitistas.
Adicionalmente, se reporta que el jefe de personal del Ayuntamiento participa en actividades de campaña durante su jornada laboral, lo que constituye una presunta violación a los principios de imparcialidad que deben regir el actuar de los servidores públicos.
Uno de los puntos más delicados es el posible desvío de recursos públicos para abastecer con combustible a las unidades utilizadas en campaña. Testigos han señalado que en la gasolinera de Tatahuicapan se cargan vehículos oficiales que participan en actos proselitistas, siempre que el Tesorero lo autorice. Estos hechos ya habrían sido mencionados en una carpeta de investigación en curso, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.
Las acciones denunciadas podrían violar diversos marcos legales:
• Artículo 134 de la Constitución: obliga a los servidores públicos a actuar con imparcialidad y sin influir en la competencia electoral.
• Ley General en Materia de Delitos Electorales, Art. 11: prohíbe a los funcionarios públicos utilizar recursos públicos en favor de candidatos o partidos.
• Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 60: impide a los funcionarios desviar recursos, funciones o personal con fines partidistas.
Ante estos hechos, voces ciudadanas y observadores electorales han exigido la intervención urgente del INE, el OPLE Veracruz, el ORFIS y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que se investigue con rigor y se actúe conforme a la ley.
El caso ha generado especial preocupación por el evidente conflicto de interés: el candidato beneficiado es hijo del presidente municipal en funciones, lo que incrementa el riesgo de uso faccioso del poder público y de inequidad en la contienda electoral.
La ciudadanía de Tatahuicapan espera que estas elecciones se desarrollen en un clima de legalidad, transparencia y equidad. El uso de recursos públicos con fines personales o familiares no solo compromete la ética del servicio público, sino que erosiona la confianza ciudadana en la democracia.
