Darío Pale
Xalapa, Ver.- Ante el despojo o compra irrisoria de tierras a campesinos por parte de grandes empresas extranjeras, el procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera indicó que tiene la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de frenar todo proceso de despojo y de privatización de ejidos y comunidades en todo el país.
En entrevista, indicó: “Ustedes deben de recordar que desde 1992 con la contrarreforma, el artículo 27 constitucional que impulsó Carlos Salinas de Gortari, se estableció en México una política de privatización y despojo de ejidos y comunidades esta fue una decisión que ha prevalecido hasta el día de hoy”.
Asimismo, dijo que quieren desaparecer el ejido y la comunidad, “quieren despojar y volver a concentrar la tierra, los bosques, las aguas en pocas manos como en el porfiriato. Estamos hablando de un neolatifundismo, neoporfirismo”.
Por ello, comentó que la instrucción que tiene de la presidenta es de transformar a la Procuraduría Agraria en un instrumento de rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades del país para frenar la privatización del despojo y para impulsar de nueva cuenta un proceso de desarrollo al interior de los ejidos y comunidades y valorizar sus patrimonios.
“En Veracruz tenemos la mayor cantidad de ejidos y comunidades del país, más de 3 mil 750 tejidos y comunidades, más de la mitad del territorio de Veracruz está en sus manos. Casi 450 mil hectáreas y comunidades tienen una gran riqueza en sus manos”, comentó.
El funcionario federal advirtió que esa riqueza se la quieren despojar privados para hacer especulación inmobiliaria, para hacer fraccionamientos, para hacer proyectos turísticos, para hacer proyectos mineros, para hacer proyectos forestales privados para acaparar el agua, despojar a la gente.
“En realidad, en estos 30 años se han construido verdaderas mafias agrarias. Hay mafias agrarias que han estado conformándose con participación de funcionarios del sector agrario, con participación de tribunales agrarios de fedatarios, de titulares de las entidades que dan fe de los hechos y nosotros con empresarios estamos frenando todo eso”, explicó.
¿Cómo vamos a hacer para eso?, cuestionó y respondió que tienen un nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril.
“Eso nos da un nuevo mandato para poner en el centro la defensa y la revalorización de bienes y comunidades y para transformar a nuestros anteriores visitadores agrarios en organizadores agrarios. Nos vamos a ir más hacia dentro del ejido para organizar a los ejidos que también se han desdibujado, su cohesión social, sus asambleas, se han fracturado, se han individualizado demasiado, muchos comisarios ejidales se han vuelto caciques”.
Entonces, explicó que su trabajo va a ser reorganizar los ejidos y comunidades. “Para eso, entonces, vamos a tener organizadores agrarios. Y algo muy relevante, vamos a transformar a la Procuraduría Agraria de una institución de oficina a una institución de territorio. Nos vamos a desdoblar aquí, por ejemplo, en Veracruz en establecer 91 centros de atención agraria. Hoy tenemos 11 o 14, 11 residencias”.
Entonces, reiteró que se van a desdoblar a 91 centros de atención para estar más cerca del territorio. “Al ser Veracruz uno de los estados con más ejidos, también es el que tiene más amenazas precisamente de despojo.
“Vamos a instalar gradualmente en las siguientes semanas estos centros de atención agraria y vamos a tratar de construir una nueva relación. Tenemos que recuperar la credibilidad de la institución y una de las partes es estar más cerca del territorio. Hoy la gente tiene que venir, por ejemplo, de la sierra de Zongolica, aquí a Xalapa para su atención. Ahora vamos a tener centros de atención en las sierras, en los lugares, no más de 2 horas de camino. Entonces, eso nos va a permitir frenar los procesos de despojo”, detalló.
Los procesos de despojo aquí en Veracruz, explicó el procurador, están más asociados a las áreas metropolitanas urbanas para la construcción de fraccionamientos de alta gama en las playas, en los centros turísticos para el desarrollo de mega proyectos turísticos hoteleros y también en algunas regiones hay proyectos mineros, extractivistas, “depredadores que también estamos atendiendo para frenar esas formas de explotación que lesionan a los ciudadanos, pero también al medio ambiente y a la salud de la población”.
– Procurador, ¿cómo van a hacerlo? ¿Cuáles son las nuevas facultades que tienen ahora con este nuevo reglamento y con este nuevo reglamento que entró en vigor?
– Primer punto, vamos a recuperar el papel de defensores de los derechos agrarios colectivos e individuales. Es la función constitucional que tiene la Procuraduría Agraria. Para eso, entonces, vamos a transformar los visitadores que se habían alejado de las comunidades a organizadores para estar muy cercano a los territorios.
“Dos, vamos a fortalecer al nuevo sistema jurídico agrario. Nosotros tenemos en todo el país alrededor de 250 abogados agrarios, los vamos a a capacitar y vamos a fortalecer sus capacidades de defensa de grupos y comunidades”.
La otra acción, señaló, es que están en un proceso de simplificación de digitalización de trámites y servicios, “porque deben de saber que a lo largo de estos 32 años y tal vez más se generó un sistema muy burocratizado para atender las demandas de certificación de derechos, de sucesión de derechos, de establecimiento, actualización de padrones, órganos de representación y vigilancia, muchos trámites significaban mucho tiempo y mucha burocracia y también daban espacio a la corrupción”.
