Darío Pale
Xalapa, Ver.- La recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación a la seguridad jurídica de los empresarios proveedores de la administración estatal, desde el régimen de Javier Duarte y en donde se define que hay un número indeterminado de víctimas y que la violación, hasta el día de hoy, aún prevalece, así lo dio a conocer el abogado Juan José Llanes.
En conferencia de prensa acompañado de los afectados, informó que a partir de dicha recomendación, la Sefiplan deberá iniciar una investigación en contra de aquellos servidores públicos de las administraciones de Duarte, de Yunes por la violación de los derechos humanos de las víctimas, en el caso de la presente gestión, si hubiera omisión de los servidores públicos, también que haya una sanción.
El abogado, subrayó que en toda la historia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo se han presentado dos recomendaciones de este tipo, por lo que estimó que la recomendación será aceptada por la Sefiplan porque con ello habría congruencia de un gobierno que ha presumido el respeto a los derechos humanos, pero porque es políticamente correcto.
Consideró que se debe cuestionar al titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco si tiene la intención de pagar a los afectados, no por las deudas de las administraciones pasadas, sino porque son adeudos institucionales o, pretende prolongar la violación de los derechos humanos de los empresarios.
Hizo un recuento de la situación que se presentó desde 2010 y hasta 2016 y, posteriormente, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, donde únicamente se simuló la intención de pago.
“Es una violación de tracto sucesivo, comenzó con Yunes y se ha perpetuado en este momento. Yunes gobernó dos años, éstos ya llevan dos años. En un lapso de tres años, ¿en Veracruz quiénes gobernaron?: el PRI, el PAN y Morena en esos tres años todas las fuerzas políticas han sido gobierno y han sido oposición. Nunca en la historia de México, en una entidad federativa ha habido alternancias tan rápidas, enérgicas y diametralmente opuestas”, informó.
Expuso que la violación a la certeza jurídica dejó a un número indeterminado de víctimas, conforme lo definido por el organismo defensor de los derechos humanos, dio a conocer que durante la administración de Yunes se emitió un acuerdo por el que se instruía a la Sefiplan a revisar y validar los adeudos de 2010 a 2016, a cargo de las distintas dependencias con proveedores y contratistas. Sin embargo, para ese entonces el discurso estaba “cifrado” en lo que interpretaban en la “necesidad” de pagar adeudos inexistentes, porque una de las estrategias de Javier Duarte fue la creación de empresas fantasmas.
Llanes definió que el gobierno estatal, en 2017, decidió que iba a revisar y validar esos adeudos para pagarlos, pero obviamente no tendría sentido revisarlos si no estaban destinados a pagarse.
Abundó que el 25 de febrero de 2018, el Gobierno informó que comenzaría a pagar la deuda, ello con base en distintas publicaciones de medios de comunicación, donde recordó que el entonces candidato a la gubernatura, indicó que el adeudo era de 40 mil millones de pesos, posteriormente, dijo que éste era de apenas 4 mil millones de pesos.
Por último señaló que al no ver que tampoco les iban a pagar decidieron interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por ello el 22 de octubre de 2018, concurrieron a la Comisión a presentar las quejas por el fraude que cometió en su contra el gobierno de Javier Duarte y que después fueron víctimas del engaño que perpetró el gobierno de Yunes al emitir un acuerdo que no se iba a cumplir, a simular que iba a reparar ese daño.
