Darío Pale
Xalapa, Ver.- La coordinadora del Barzón de Xalapa, María Teresa Carbajal Vázquez, presentó la Agenda Financiera Social 2026, en la que se denuncian graves abusos cometidos por integrantes del sistema financiero no bancario, así como vacíos legales que han propiciado sobreendeudamiento, fraudes, desalojos y afectaciones al patrimonio de miles de familias en Veracruz y en el país.
Durante la primera conferencia del año, Carbajal Vázquez estuvo acompañada por integrantes del movimiento, entre ellos Isidro, Tere, Mirna y la senadora Teresa Carvajal, quienes expusieron los principales ejes de esta agenda construida a partir de la experiencia de miles de personas víctimas de prácticas financieras abusivas.
La dirigente advirtió que, aunque comúnmente se responsabiliza a los usuarios por la falta de educación financiera, en realidad existen prácticas sistemáticas de abuso que operan bajo una aparente legalidad, aprovechando la falta de regulación y supervisión efectiva por parte del Estado.
Uno de los puntos centrales de la agenda es la exigencia de una regulación efectiva a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), las cuales, sin ser bancos, otorgan créditos con tasas de interés que pueden alcanzar entre el 70 y hasta el 120 por ciento, muchas veces mediante publicidad engañosa y sin evaluar la capacidad de pago de los usuarios.
“Personas que solicitan créditos de 10 o 12 mil pesos terminan debiendo hasta un millón de pesos. Esto es una bola de nieve provocada por malas prácticas y falta de supervisión”, denunció.
Carbajal Vázquez señaló que estas financieras recurren a pagarés firmados en blanco, una práctica prohibida por la ley, los cuales son utilizados posteriormente en tribunales para inflar montos y proceder legalmente contra los deudores.
Además, acusó que existe un “doble juego” jurídico: ante la Condusef exhiben contratos, pero en juzgados presentan únicamente pagarés.
También alertó sobre casos en los que las financieras han logrado retener pensiones del Bienestar y apoyos sociales, incluso mediante órdenes judiciales, lo que consideró una grave violación al derecho al mínimo vital.
Ante esta situación, el Barzón impulsa la denominada “Ley Mirna”, surgida a partir del primer caso documentado en Veracruz.
Otro eje de la agenda es la falta de regulación de las cesionarias de cartera vencida, empresas que compran deudas a los bancos para maquillar cifras de morosidad y posteriormente ejecutar desalojos y remates de viviendas mediante procesos judiciales acelerados.
“Los bancos venden la deuda a terceros, pero al deudor no se le da la oportunidad de negociar. Estas viviendas terminan en un mercado negro de remates”, explicó.
La coordinadora también advirtió que 2025 fue el año de los fraudes financieros, con un incremento estimado del 400 por ciento a nivel nacional. Entre los fraudes más comunes se encuentran transferencias fantasma, clonación de páginas bancarias, estafas de paquetería, hackeo vía WhatsApp, redes sociales y el tallado de tarjetas en cajeros automáticos, afectando principalmente a adultos mayores.
En Veracruz, las ciudades con mayor incidencia son Veracruz puerto y Xalapa, de acuerdo con los registros del Barzón.
Asimismo, denunció nuevas modalidades de fraude a través de créditos por adjudicación y autofinanciamientos, donde los usuarios pagan mensualidades durante años sin recibir el crédito prometido, debido a contratos engañosos que los obligan a esperar hasta 96 meses.
La agenda también incluye la denuncia de empeños amañados, donde bajo la promesa de no perder la prenda, los usuarios terminan firmando contratos de compraventa disfrazados, perdiendo bienes como automóviles ante el primer atraso.
Carbajal Vázquez expuso la problemática de los acreditados rurales, tras la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural (FND), cuyo proceso de liquidación ha dejado a campesinos en un limbo jurídico, sin saber a quién pagar sus deudas y con sus tierras en riesgo de embargo.
“Los acreditados rurales quieren pagar, pero no hay a quién. El Instituto encargado de la liquidación no tiene los expedientes y contrató a los mismos despachos que originaron la corrupción”, acusó.
La coordinadora del Barzón hizo un llamado a los legisladores federales y estatales para atender esta agenda, al señalar que la defensa del ingreso y el patrimonio de las familias mexicanas debe ser una prioridad nacional.
“Defender a las familias y su patrimonio también es construir patria”, concluyó.
