Darío Pale
Xalapa, Ver.- Un grupo de ex elementos de la desaparecida Policía Intermunicipal de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla se manifestó para exigir la reactivación de su expediente judicial, luego de que -aseguran- la carpeta de investigación donde se integraban sus casos se perdiera tras las inundaciones registradas en Poza Rica.
El abogado Ader Óscar Juárez Téllez, representante legal de los ex policías afectados, explicó que el conflicto se remonta al 1 de julio de 2015, cuando se registró un despido masivo de personal administrativo y operativo.
Según señaló, los trabajadores fueron obligados a firmar su renuncia y posteriormente enfrentaron procesos contenciosos administrativos que no prosperaron.
Detalló que el año pasado, por estas mismas fechas, lograron un acuerdo de pago mediante un recurso de mediación. Aunque consideró que el procedimiento “no fue conforme a derecho”, indicó que se cumplió con el pago a 166 personas afectadas.
Sin embargo, más víctimas comenzaron a integrarse a la carpeta de investigación, alcanzando actualmente alrededor de 400 personas en proceso de ratificación, de las cuales poco más de 50 se han sumado recientemente. Muchas de ellas son viudas de los ex elementos.
El problema surgió cuando quienes se anexaron posteriormente acudieron a la fiscalía para dar seguimiento y se les informó que el expediente ya no existía.
La carpeta estaba radicada en Poza Rica, a donde fue turnada por la Fiscalía Anticorrupción tras declararse incompetente dos años después de presentada la denuncia.
En el Séptimo Distrito, explicó el abogado, el caso avanzaba lentamente pero ya contaba con peritajes, dictámenes y resoluciones favorables. No obstante, tras las inundaciones de octubre, el expediente -compuesto por 18 tomos- presuntamente se dañó o se perdió por completo.
“Sin carpeta no hay manera de continuar el procedimiento ni de gestionar el pago para quienes faltan”, afirmó.
Ante esta situación, los afectados buscan dialogar con la unidad administrativa correspondiente para que se determine cómo resolver la omisión y se garantice el pago a quienes aún no han recibido indemnización.
Juárez Téllez subrayó que el recurso destinado en su momento ascendía a poco más de cuatro millones de pesos y que, según les informaron posteriormente, el dinero fue regresado pese a que ya estaba etiquetado para las víctimas.
El representante legal señaló que, jurídicamente, la responsabilidad recaería en la Fiscalía; sin embargo, al no existir expediente, pidió la intervención del Gobierno del Estado para que se actúe con equidad. “No pueden pagarles a unos sí y a otros no, si todos fueron víctimas”, expresó.
Los inconformes reiteraron que continuarán buscando una solución legal y administrativa que permita restituir sus derechos y garantizar el pago pendiente a las más de 50 personas que aún esperan respuesta.
