Darío Pale
Xalapa, Ver.- En medio de una creciente preocupación por una posible crisis alimentaria en México y los efectos de la contaminación petrolera en el Golfo de México, productores del sector primario enfrentan además problemas de competencia desleal, falta de apoyos gubernamentales y prácticas comerciales que afectan la rentabilidad del campo.
Así lo advirtió Luis Gómez Garay, dirigente nacional de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP), quien señaló que el derrame de petróleo que afecta la costa del Golfo ha generado preocupación entre pescadores y productores acuícolas, además de evidenciar presuntos actos de negligencia.
El dirigente sostuvo que la contaminación detectada frente a las costas del Golfo de México, que se ha extendido por el litoral de Veracruz y Tabasco, debe investigarse a fondo, ya que durante varios días no se logró identificar con precisión el punto de la fuga.
“Hay un tema de negligencia, porque a pesar de que ya había entre 150 y 180 kilómetros de mancha de contaminantes no se atinaba a decir dónde estaba la fuga. Si no sabes dónde está el problema, difícilmente lo vas a resolver”, expresó.
En ese sentido, consideró que el gobierno federal debe implementar medidas de mitigación inmediatas y que Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá que responder por los daños ocasionados a pescadores y productores de la región.
Demanda de tilapia aumenta en Semana Santa
En otro tema, Gómez Garay explicó que la temporada de Semana Santa representa uno de los periodos de mayor demanda para el consumo de pescado, particularmente de tilapia, lo que suele generar un ligero incremento en los precios.
Indicó que su empresa se dedica a la producción de alevines de tilapia y cuenta con una capacidad aproximada de entre 800 mil y un millón de crías, las cuales son suministradas a productores acuícolas que se encargan del proceso de engorda.
Detalló que estos acuerdos se mantienen con productores que operan en presas como Presa Cerro de Oro y Presa Temazcal, donde se desarrollan granjas acuícolas en distintas regiones.
Subrayó que uno de los principales enfoques del sector es garantizar la inocuidad y la calidad sanitaria del producto, aspectos fundamentales para mantener la confianza del mercado.
Importaciones afectan a productores mexicanos
No obstante, el dirigente reconoció que el sector enfrenta una fuerte competencia internacional, principalmente por la importación de tilapia procedente del sudeste asiático.
Explicó que actualmente entre 50 y 60 por ciento de la tilapia que se consume en México proviene de países como Filipinas e Indonesia, debido a que la producción nacional no alcanza a cubrir la demanda interna.
“En México producir un kilo de filete de tilapia puede costar alrededor de 150 pesos, mientras que en el mercado se pueden encontrar filetes importados en cerca de 60 pesos”, indicó.
A su juicio, esta situación se debe en gran medida a prácticas de dumping y subsidios indirectos que reciben los productores en otros países, lo que coloca en desventaja a los acuicultores mexicanos.
Agregó que, mientras en otras naciones los gobiernos apoyan activamente a sus productores con subsidios en energía, agua o infraestructura, en México los apoyos para el sector acuícola son limitados y en muchos casos únicamente declarativos.
Por ello, consideró necesario conformar un comité integrado por productores y autoridades para analizar las condiciones del mercado y determinar si se requieren medidas regulatorias para evitar competencia desleal.
Riesgos sanitarios por importaciones
Gómez Garay también advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a la importación de productos agropecuarios sin controles estrictos.
Como ejemplo, señaló que la introducción de ganado desde Centroamérica durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador habría propiciado la reaparición del gusano barrenador en México, una plaga que ya había sido erradicada.
Problemas en el campo mexicano
El dirigente campesino afirmó que el campo mexicano enfrenta múltiples problemas estructurales, entre ellos la importación de productos agrícolas que luego son comercializados como si fueran nacionales, lo que afecta a los productores locales.
Mencionó que uno de los casos más recientes se presentó en el sector azucarero, donde la entrada de azúcar importada provocó que productores cañeros recibieran pagos muy bajos por su cosecha.
“Muchos productores prácticamente cobraron nada por su producción y eso significa que van a pasar un año muy complicado, porque no les alcanza para pagar insumos ni para sostener a sus familias”, dijo.
Falta de recursos para instituciones agrarias
Finalmente, Gómez Garay criticó la falta de presupuesto para instituciones encargadas de la política agraria, lo que, afirmó, podría generar retrasos y deficiencias en trámites relacionados con la propiedad social de la tierra.
Señaló que dependencias vinculadas a la regularización agraria enfrentan dificultades incluso para mantener oficinas en operación, lo que afectará servicios como la expedición de títulos de propiedad, registros y otros trámites para ejidatarios y comuneros.
“El Estado mexicano debe asumir su papel rector en temas estratégicos como el campo, porque de lo contrario seguiremos enfrentando crisis productivas y alimentarias”, concluyó.
