Darío Pale
Xalapa, Ver.- El desalojo fue ordenado por un juez; las propietarias acusan al arrendatario de dejar de pagar la renta y realizar modificaciones no autorizadas en el inmueble.
Después de casi ocho años y medio de litigio, las hermanas Margarita y Yolanda Roa recuperaron la posesión de un inmueble ubicado en la calle Allende, en Xalapa, el cual, de acuerdo con las propietarias, cuenta con una declaratoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su valor arquitectónico.
La recuperación del inmueble se concretó mediante una orden de desalojo ejecutada por las autoridades correspondientes, luego del proceso judicial iniciado por las propietarias para recuperar el patrimonio que, señalaron, les fue privado durante años.
Las hermanas acusaron al arrendatario, identificado como Miguel Enrique Ortiz Chalita, de incumplir las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento, principalmente por dejar de cubrir las rentas y realizar modificaciones en el inmueble sin autorización.
Explicaron que el contrato establecía que el arrendatario no podía realizar modificaciones, ni siquiera colocar o retirar elementos de la propiedad, sin contar previamente con el consentimiento de las propietarias.
Aunado a ello, señalaron que el inmueble cuenta con valor arquitectónico reconocido por el INAH, por lo que, aseguraron, cualquier intervención debía realizarse bajo las condiciones y permisos correspondientes.
Las afectadas afirmaron que durante el periodo en que el inmueble estuvo ocupado se realizaron modificaciones que no fueron autorizadas por ellas.
“Rascó paredes. ¿Quién sabe qué hizo allá arriba?”, relató una de las propietarias, quien explicó que posteriormente dejaron de tener contacto directo con el arrendatario para evitar mayores conflictos.
De acuerdo con su testimonio, personas cercanas al arrendatario les habrían advertido sobre una presunta intención de despojarlas del inmueble, situación que, dijeron, agravó el conflicto y derivó en el proceso legal.
Ocho años sin recibir su principal ingreso
Las hermanas señalaron que el incumplimiento en el pago de la renta representó una fuerte afectación económica, debido a que los ingresos obtenidos por el arrendamiento constituían una de sus principales fuentes de sustento.
Indicaron que durante aproximadamente ocho años y medio estuvieron privadas tanto del uso del inmueble como de los recursos que debían recibir por concepto de renta.
La situación también tuvo consecuencias personales y familiares. Una de las propietarias, quien actualmente tiene casi 84 años, sufrió un síncope cardíaco durante el conflicto y posteriormente requirió la colocación de un marcapasos.
La intervención médica tuvo que realizarse de manera particular, según relató su hermana, lo que generó importantes gastos que tuvieron que cubrir mediante préstamos y otros apoyos económicos.
“Nosotros debemos por aquí, por allá y por allá, porque la vida y la salud son primero”, expresó.
Reconocen actuación del juez
Las propietarias reconocieron la actuación del juez Leopoldo Toss, a quien atribuyeron haber actuado conforme al marco legal y permitir que finalmente se concretara la restitución del inmueble.
Señalaron que el proceso les permitió recuperar la confianza en las instituciones y en la posibilidad de obtener justicia cuando se actúa por las vías legales.
“Nos devuelve la fe y la confianza en que sí se puede, si uno se conduce apegado a la letra de la ley”, manifestaron.
Con la ejecución del desalojo, las hermanas retomaron formalmente la posesión del inmueble y aseguraron que ahora podrán decidir libremente qué hacer con su patrimonio.
Buscan recuperar adeudo
Las propietarias aclararon que el desalojo no significa que haya concluido el reclamo económico, pues todavía existe un adeudo que, aseguraron, deberá ser cubierto conforme avance el procedimiento legal.
Explicaron que incluso los gastos generados por el operativo de desalojo corrieron inicialmente por su cuenta, pero esperan que estos puedan incorporarse al adeudo que reclaman.
Las hermanas también señalaron que Ortiz Chalita mantiene actividades comerciales en la zona y mencionaron específicamente un establecimiento denominado La Enamorada, ubicado en la misma calle Allende.
Sin embargo, cualquier responsabilidad económica o legal derivada de estos señalamientos deberá determinarse dentro de los procedimientos correspondientes.
Por ahora, Margarita y Yolanda Roa celebraron haber recuperado la posesión del inmueble después de más de ocho años de litigio y reiteraron que continuarán con las acciones legales necesarias para reclamar los recursos que, aseguran, dejaron de recibir durante el conflicto.
