LO QUE LA GENTE VE
Livia Díaz
Xalapa
En el campo mexicano hay dos golpes distintos que suelen caer uno detrás del otro. El primero llega sin avisar: una tromba que desborda un río, una granizada fuera de tiempo o una plaga que obliga a sacrificar el hato para que no se extienda el contagio.
El segundo golpe, igual de duro pero más silencioso, empieza cuando pasa la emergencia y el productor descubre que la ley no le garantiza un solo peso para reponer su patrimonio. La tercera son las consecuencias. La Previsión o la falta de ella, detendría el avance en el campo, afectando el patrimonio, y especialmente la vida de todos.
El segundo problema es la indefensión jurídica y los trámites imposibles que terminan por sacar al campesino de su tierra también, por ello lo apunta la iniciativa que presentó esta semana en el Senado el poblano Teodomiro Ortega González, originario de Zacatlán de las Manzanas. El proyecto que leyó en Tribuna consta de de 65 páginas y registrado bajo el folio 003743, y fue turnado a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos de la Cámara Alta para iniciar su ruta de dictamen.
Aunque en el documento oficial aparece por ahora únicamente la firma del senador Ortega como promovente, el alcance de la reforma es nacional.
En su intervención contó con las pérdidas de patrimonio por hechos recientes en Puebla, en donde las lluvias y el granizo arrasaron con ganado en Venustiano Carranza, borregos y maíz en Chignahuapan, milpas en Huauchinango y hortalizas en Palmarito.
El senador busca modificar tres leyes federales que rigen en todo el país: la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diagnóstico del expediente pone el dedo en una contradicción vieja. Hoy, cuando aparece una amenaza sanitaria como el gusano barrenador del ganado —que obligó a instalar cercos veterinarios en distintas regiones desde el año pasado—, la Secretaría de Agricultura tiene la facultad de ordenar el sacrificio obligatorio de animales o la destrucción de cultivos infectados.
El productor acata la orden por el bien común, pero la legislación actual solo obliga al gobierno a cubrir los gastos operativos del sacrificio, no el valor económico de los animales muertos ni de las cosechas quemadas.
Lo mismo ocurre en las zonas de temporal, que representan el 74 por ciento de los 25.7 millones de hectáreas agrícolas del país, según cifras del Censo Agropecuario incluidas en la iniciativa. Tras la desaparición de esquemas como el Fonden y ante la baja cobertura de los seguros comerciales entre los pequeños productores, quien pierde su cosecha por sequía o inundación queda sujeto a apoyos eventuales sin reglas claras.
Para cerrar esa brecha, la propuesta añade los artículos 82 Bis y 82 Ter a la Ley Federal de Sanidad Animal, los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y reforma el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El objetivo es establecer un derecho exigible a la indemnización directa, sin intermediarios, con plazos máximos definidos para la autoridad: diez días hábiles para revisar la solicitud, veinte para verificar los daños en campo con apoyo técnico de SENASICA, noventa días naturales para resolver y treinta más para ejecutar el pago.
Un punto relevante del proyecto es que elimina los pretextos burocráticos más comunes en el medio rural.
Establece que la falta de escrituras del terreno o la ausencia de registro individual en el ganado no serán motivo para negar el pago, siempre que el campesino acredite la legítima posesión mediante constancias ejidales, contratos de arrendamiento o comprobantes de compra de insumos. Tampoco exige esperar una declaratoria nacional de desastre para que proceda la compensación en cultivos anuales o plantaciones perennes como el café, la manzana o la caña de azúcar.
En sus artículos transitorios, la iniciativa plantea que la Secretaría de Agricultura tendrá 180 días para publicar los tabuladores de valuación por especie, edad y región, y precisa que su arranque se cubrirá con el presupuesto ya autorizado a las dependencias del ramo. Ahora el expediente queda en manos de las comisiones del Senado, donde se verá si otras bancadas se adhieren a una propuesta que intenta evitar que, después de la tormenta o la plaga, la propia ley termine por enterrar al productor.
