ESTADO

De 180 verificentros que operan en la entidad, alrededor de 60 fueron suspendidos

Livia Díaz

Xalapa, Ver.- La presunta corrupción detectada en los centros de verificación vehicular de Veracruz proviene de un grupo reducido de concesionarios que incumplieron la ley y no de funcionarios estatales, aseguró Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación.

En rueda de prensa en la capital del estado, el representante desmintió las acusaciones difundidas por un bloque de concesionarios sancionados, quienes señalaron supuestos actos de extorsión por parte de personal de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Explicó que, si realmente les pidieran dinero, esos establecimientos seguirían operando con normalidad y no estarían clausurados por incumplir las normas oficiales y la ley ambiental estatal.

De los 180 verificentros que operan en la entidad, alrededor de 60 fueron suspendidos durante hasta 90 días tras operativos realizados en Xalapa, el puerto de Veracruz, Córdoba y la zona sur. Durante ese periodo se les retiraron certificados y se bloqueó su sistema de cobro con tarjeta, aunque varios ya comenzaron a reabrir de manera paulatina tras solventar las observaciones.

Casares denunció además que algunos centros sancionados defraudaron a los automovilistas al cobrar el servicio en efectivo y entregar el holograma sin reportar el pago ante Finanzas. Esto provoca que, al acudir a su siguiente trámite, el conductor aparezca con un adeudo en el sistema, por lo que los concesionarios deberán reembolsar el dinero a los usuarios afectados una vez presentadas las denuncias correspondientes.

Respecto al oficio entregado a la gobernadora Rocío Nahle para exigir la destitución de funcionarias ambientales, el vocero lo calificó como una medida de presión carente de firmas y pruebas, aunque confirmó que la mandataria instruyó revisar el caso.

Finalmente, anunció que su despacho jurídico prepara acciones legales contra un abogado ajeno al gremio que ha difundido información falsa y utilizado sin autorización el nombre de la Unión de Concesionarios.

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