Livia Díaz
Xalapa, Ver.- Cuando se aborda la prevención del embarazo en la adolescencia y en la infancia, el discurso institucional suele reducirse a repartir folletos en escuelas o recomendar métodos anticonceptivos.
Sin embargo, las cifras abiertas de la propia Secretaría de Salud federal —analizadas y expuestas este jueves 19 de noviembre en el centro de Xalapa por un amplio bloque de organizaciones civiles son que Veracruz se mantiene anclado en el tercer lugar nacional en nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, con 407 casos registrados hasta el 27 de octubre de 2026, dentro de un total de 5 mil 488 nacimientos en ese mismo rango de edad en todo el país.
De acuerdo con el posicionamiento presentado por la red ciudadana Redes Fuertes, Niñas Libres Región Xalapa integrada por Equifonía A.C., Colectiva Mujeres Gordas, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), Movilizar, Innovar y Aprender, Colectivo Akelarre, REDefine Veracruz, Haceras, el Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres y la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, hablar de prevención en menores de 15 años exige reconocer primero que no se trata de descuidos juveniles, sino de violencia sexual.
Aunque hace unos años era lo normal o permitido ahora ya pasó a la historia. Ninguna menor de edad debería vivir esto.
Las estadísticas históricas procesadas por estas agrupaciones a partir de los certificados de nacimiento de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) y el INEGI muestran un estancamiento severo en la entidad. Lejos de disminuir, Veracruz cerró 2023 con 605 nacimientos en niñas de 10 a 14 años y subió a 621 casos en todo 2024, manteniéndose año tras año en el tercer sitio del país, solo por debajo de Chiapas y el Estado de México.
En el desglose municipal con corte a octubre de 2026, las colectivas documentaron que la incidencia se concentra tanto en centros urbanos como en zonas serranas e indígenas: San Andrés Tuxtla encabeza la lista con 22 casos, seguido por el puerto de Veracruz (15), La Perla (11), Coscomatepec (9), Mariano Escobedo (9) y Perote (8); además de Huatusco, Soledad Atzompa, Tuxpan y Zongolica (con 7 casos cada uno) y la capital Xalapa (5 casos).
Según lo expuesto por las voceras, entre ellas Karina Santos, Adriana Fuentes Manzo, Patricia Benítez y Erika Méndez, la prevención real requiere tres acciones que hoy presentan graves rezagos: educación sexual integral desde la niñez para identificar situaciones de abuso, servicios de salud libres de estigmas y vigilancia en el entorno cercano, ya que los registros de atención médica y justicia indican que la mayoría de los agresores son hombres adultos del propio círculo familiar o conocido.
Pero el señalamiento más crítico de las organizaciones apunta a lo que ocurre cuando las víctimas o sus madres buscan ayuda.
Los monitoreos de Equifonía A.C. revelan que más del 60 por ciento de estas menores acude a una clínica u hospital durante el primer trimestre del embarazo, el personal médico suele omitir informarles sobre su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, garantizado por la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), y las encamina directamente a llevar la gestación a término. En 2024, apenas el 1.7 por ciento de las niñas en esta situación accedió a este servicio en la entidad.
A esa barrera sanitaria se suman las hostilidades denunciadas en el ámbito de la procuración de justicia. Las agrupaciones señalaron que, cuando las familias deciden denunciar, enfrentan procesos desgastantes en los ministerios públicos donde se llega a presionar a las madres y padres para aceptar juicios abreviados, un mecanismo que reduce las condenas de los agresores a cambio de cerrar rápido los expedientes, dejando a las menores sin reparación integral del daño.
Frente a un panorama donde los ayuntamientos suelen limitarse a replicar campañas conmemorativas sin impacto local, las organizaciones propusieron instaurar Mesas Municipales de Gobernanza en Derechos Sexuales y Reproductivos.
El objetivo es obligar a que procuradurías municipales del menor, hospitales, academia y sociedad civil vigilen caso por caso en cada municipio, bajo la premisa de que ninguna estrategia de prevención funcionará mientras los datos oficiales sigan acumulándose sin consecuencias legales ni protección efectiva para las infancias.




