Darío Pale
Xalapa, Ver.- Indalecio Sánchez Castellanos asesor jurídico de la Red Autónoma de Campesinos e Indígenas, Movimientos y Organizaciones Sociales (RACIMOS), dio a conocer que ya presentaron una petición ante al Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno del estado por las violaciones de sus derechos.
En conferencia de prensa realizada en conocido café del centro de Xalapa, señaló que la petición es por la Consecuencia de las graves violaciones a los derecho humanos producto del ilegal desalojo de que fueron objeto los integrantes de RACIMOS.
“El pasado viernes 13, previo a la inauguración de la Cumbre Tajín; en el cual fueron detenidos siete de nuestros compañeros bajo el delito de ultrajes a la autoridad; delito que, dicho sea de paso, para el caso de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera anticonstitucional; y debido a que el compañero Antonio Hinojosa Saldaña durante el trayecto a los separos de la policía fue separado del grupo de compañeros detenidos y llevado a un lugar en el cual sufrió vejaciones, golpes y amenazas” señaló.
Dio a conocer que Antonio Hinojosa, no puede determinar ni el lugar ni las personas que lo amenazaron toda vez que en todo momento desde que lo separaron del grupo, le cubrieron la cabeza, con el objeto de que no pudiera identificar ni el lugar ni a las personas.
“Ante esta grave situación, ese mismo día, sábado 14 de marzo y mi carácter de Asesor Jurídico de RACIMOS, decidí interponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la correspondiente Petición por la violación de derechos humanos en contra de un defensor de derechos humanos de indígenas y campesinos, con el objeto de salvaguardar la integridad y seguridad física de todos y cada uno de los compañeros de la organización, así como garantizar que el estado mexicano, en este caso el gobierno del estado de Veracruz, finque las sanciones correspondientes a los responsables de tal condenable acción”, informó.
Por último dio a conocer que los derechos humanos violados con estas deleznable acción del gobierno del estado son: violación al derecho a la integridad física; violación al derecho a la libertad personal; violación al derecho a las garantías judiciales; violación a los derechos políticos; violación al desarrollo progresivo a los derechos económicos, sociales y culturales; y violación al derecho de pensamiento y de expresión.
