Columna De Opinión
Juan Manuel Sánchez Macías
En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin violencia -también conocida como Ley Olimpia, además del Código Penal Federal, para sancionar la violencia digital, la difusión de contenido sexual y el hostigamiento en internet y redes sociales.
Con 446 votos a favor y uno en contra, el dictamen fue avalado en lo general. Más tarde, se aprobó en lo particular con 434 votos a favor y uno en contra.
La Ley Olimpia regula la violencia digital, como una manera de violencia contra las mujeres, lo que abarca acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información de índole privada; incluso,la difusión de contenido sexual sin consentimiento de la víctima, textos, fotos, videos o datos personales, a través de internet, redes sociales, páginas electrónicas, o bien, cualquiera otra forma digital.
Bien por el legislador, para tratar de erradicar, por un lado, una costumbre malsana, dentro de una sociedad machista y patriarcal, de exhibir, cual trofeo de una gran competencia, escenas de contenido erótico sexual de la pareja, ex parejas o “encuentros ocasionales”, queriendo demostrar una nociva “hombría”, que sigue imperando, por desgracia, en nuestra sociedad; por otro lado, bien por el legislador porque, al menos en la letra de la ley, se pretende abatir también la deplorable conducta de querer chantajear, presionar o extorsionar a la víctima de este delito, a cambio de dinero o de realizar o no ciertas actividades, con la condición de no publicar el contenido íntimo de algunas situaciones de la víctima.
Pero, no basta la sola letra de la ley; no, se necesitan también verdaderas políticas públicas y programas de gobierno, que recalquen y enarbolen el respeto a la mujer y, en general, a la vida privada de una persona; se necesita, además, que desde el seno de la familia se eduque en una cultura del respeto a la mujer, a los grupos vulnerables y a cualquiera que se encuentre en una posición de desventaja social, económica, cultural, etcétera, máxime en una sociedad como la nuestra, donde imperan el descrédito y el ataque, vía redes sociales, internet, etcétera.
En efecto, las redes sociales llegaron para quedarse, son una gran herramienta de comunicación, pero se han convertido también en una fuente inagotable de ataques, exhibicionismo y linchamiento mediático, casi siempre en detrimento de las mujeres y de miembros pertenecientes a grupos vulnerables. A veces (muchas!) linchamos a una persona, por el sólo hecho de que en las redes sociales se exhibe contenido de su vida privada o pública, pero sin indagar, sin investigar qué de cierto hay en lo que se le achaca a esa persona.
No vayamos muy lejos, en nuestra actual vida político-electoral, y este proceso electoral que vivimos no es la excepción, imperan la desacreditación, los ataques y la exhibición de los “errores” o tropiezos del contrario en la contienda política y se busca y escudriña, hasta con lupa, en su vida privada, para encontrar cualquier cosa que pueda ser usada en su contra, en lugar de realizar, propuestas de acciones de gobierno o de políticas públicas y se vieran favorecidos con el voto de los electores.
Ojalá esta reforma contribuya no sólo al posicionamiento digno de las víctimas de este delito, sino a crear conciencia individual y social, de que la vida privada de una mujer, es eso, privada, y nadie tiene derecho de hacerla pública sin su consentimiento y, mucho menos, para querer denigrarla o chantajearla.
