Darío Pale
Xalapa, Ver.- El abogado René Rodolfo Párate Corona dio a conocer que con la nueva recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se prueba que July “N” es víctima de tortura por la administración estatal.
En conferencia de prensa realizada en conocido café del centro de Xalapa, señaló que luego de que la CNDH emitiera una nueva recomendación al gobierno de Veracruz y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, por la tortura cometida en contra de una de las presuntas responsables del crimen de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar; el abogado, indicó que con dicha recomendación se prueba que July Raquel “N”, es una víctima de tortura de la administración estatal.
“Ya es una víctima, ha sido reconocida y aquí está el documento. En este momento deben estar siendo informados el Gobernador y la Fiscal que es una víctima del sistema, de policías ministeriales que agredieron brutalmente su integridad”, señaló.
Recordó que el pasado 29 de junio de 2020, July “N” fue detenida en la Ciudad de México y trasladada hacia Veracruz, pero no fue presentada ante la autoridad competente de manera inmediata, y en el traslado fue torturada y violada de manera brutal.
“La venían torturando, le venían poniendo bolsas en la cabeza. Hace dos meses la Fiscal dijo que no había tortura, ahora que me diga la Fiscalía si hubo o no tortura, es una vergüenza que la Fiscal que representa las mujeres, July es mexicana y como tal tiene derechos”, comentó.
Recordó que hay al menos una decena de policías ministeriales involucrados en el ataque de esta mujer tras ser detenida en la Ciudad de México.
Refirió que el Gobernador sostuvo que tenía todos los elementos para que se acusara a July, sin embargo, ahora que se emitió la recomendación por parte de la CNDH, le preguntó cuáles son esos elementos que prueban que su defendida participó en el crimen de la académica.
Asimismo, respecto del delito de ultrajes a la autoridad que ahora deberá ser votado para drogarse, preguntó sl titular del Ejecutivo por qué esos 40 jefes de plaza o 525 lugartenientes que están presos por dicho tipo penal y no fueron acusados de delincuencia organizada.
Hay que recordar que la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
El organismo autónomo definió que se constató a través del Informe de Evaluación Psicológica, conforme a lo establecido en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”; en el que se dictaminó que la víctima aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.
Finalmente la CNDH solicitó al Gobernador inscribir a la persona afectada en el Registro Estatal de Víctimas; evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño y colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que esta Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos.
