Darío Pale
Xalapa, Ver.- Los socios e integrantes del ejido de Las Vigas de Ramírez dieron a conocer que debido a la falta de respuesta por parte de las dependencias de medio ambiente y malos manejos del comisariado ejidal Rafael Angel Becerra Hernández podría llevar a un enfrentamiento en las comunidades por la falta de agua.
Los señores Crescencio Sánchez Ramírez, Evaristo Sánchez López y María Landa Mora acompañados de otros ejidatarios señalaron que el pasado mes de febrero en una asamblea general acordaron no autorizar un nuevo periodo de corte debido a a las anomalías financieras.
No obstante dieron a conocer que continúan cortando de forma irregular los árboles por lo que el día de ayer una comisión de ejidatarios constató que se ha impactado la zona de bosque virgen donde se localizan mantos acuíferos que proveen de ese vital líquido a varias comunidades.
Debido a la falta de agua ya se secó un arroyo “Río Frío” lo cual afecta a cerca de 40 mil habitantes lo cual ya empezó a generar conflictos con las comunidades, Cruz Blanca, 20 de noviembre, Manzanillo y Benito Juárez, ya que están talando los árboles que se encuentran a las orillas del río.
Lo anterior está generando grandes problemas y ocasionar algún enfrentamiento entre los pobladores, el día de ayer se logró evitar uno de estos ya que él comisariado ejidal lleva gente que no es de esa comunidad y les está pagando para que lo apoyen.
Dieron a conocer que la tala exhaustiva que se realiza afecta a las mil 600 hectáreas que comprende el ejido por lo que en asamblea del ejido se determinó suspender la tala de árboles y retirar al comisariado como administrador este no respetó la decisión y sigue usufructuando con el bosque sin tener permiso para hacerlo.
Por ello presentaron un oficio ante la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Agraria para denunciar estas irregularidades pero hasta ahora no ha habido respuesta.
A esto se suma que los ejidatarias denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, pues hay “volando” 11 millones de pesos de ingresos que no han sido reportados, por lo cual pidieron la intervención del Gobierno del estado.
