Darío Pale
Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), hará su propia investigación por señalamientos de desvíos de Edel Álvarez en Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además informó que hay casi 300 denuncias en la administración de Cuitláhuac García por presunto daño patrimonial.
En entrevista la auditora general del ORFIS Delia González Cobos, puntualizó que suman ya 296 denuncias que han presentado en contra de los entes fiscalizables de 2019 a 2022.
Expuso que los tipos de denuncias varían, por ejemplo, cuando es por documentos apócrifos y se comprueba, presentan la querella, pero también derivado de la fiscalización quienes no presentaron los requerimientos solicitados, en esos casos también están obligados a denunciar.
González Cobos explicó que de esas casi 300 denuncias no puede determinar cuántas han sido desahogadas, ya que la Fiscalía General del Estado es quien se encarga de eso.
Resaltó que toda la información ya está publicada en la página del ORFIS incluidas las que se presentaron por la cuenta 2022.
Pidió recordar que no se pueden poner los nombres, pero sí los entes fiscalizables, así como los periodos en que cada uno de los señalados ha estado. Recordó que una vez que se aprueban las cuentas públicas, en este caso la 2022, se inicia un proceso de investigación previsto en la Ley.
Detalló que también la Ley señala un período de 7 años a partir de que ocurren los hechos, en ese sentido, comentó que aún están trabajando asuntos de 2017 que ya quieren cerrar.
“Tenemos como 50 expedientes pendientes todavía de 2017, otros tantos de 2018, entonces tenemos un rezago que tiene que ver con la falta de recurso para integrar y fortalecer la Unidad de Investigación que creamos hace un año y medio”, destacó.
Por lo tanto el ente fiscalizador a su cargo tiene facultades para requerir información que hubiera quedado pendiente en su momento.
“Lo que requerimos es que nos adelantemos ya para ir cerrando los expedientes que se puedan cerrar, porque en muchos casos habrá quienes no podrán comprobar y actuar de otra manera”, aseveró.
En otro orden de ideas definió que sí van a investigar la presunta red de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), durante la administración del magistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña.
“Vamos a revisar esa parte. Vamos a hacer una revisión de esa información, con la documentación que tenemos, es importante que la sociedad tenga la certeza de que si hubo o no hubo ese desvío”, señaló.
“Nosotros requerimos hacer nuestra propia investigación con la documentación que tenemos e ir hacia atrás”, agregó.
De acuerdo con información de una revista a nivel nacional, se habrían constituido empresas “fantasmas” para recibir contratos millonarios.
En ese sentido, se reveló que se destinaron más de 350 millones de pesos a empresas vinculadas entre sí por socios, apoderados legales y domicilios comunes en distintas entidades del país.
Por último comentó que esto habría sucedido entre 2015 y 2017, cuando al menos una veintena de empresas, inscritas por los mismos notarios, se beneficiaron de contratos otorgados por el Poder Judicial de Veracruz.
