Darío Pale
Xalapa, Ver.- Ejidatarios de Atzacan temen desalojo de 60 familias, señalan que jueces dictan sentencias para favorecer a empresarios y supuestos falsos compradores, por lo que denuncian tráfico de influencias, corrupción y omisión de jueces de Orizaba.
Los ejidatarios de “Santa Ana”, municipio de Atzacan denunciaron públicamente a través de una carta, señalan que los juzgadores se extralimitan en dictar sentencias maquinadas y simuladas a favor de empresarios como en el caso de Orlando López Olivo, se lee en la misiva, dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
En el escrito denuncian al juez Adalberto López Pozos y a sus familiares, que supuestamente tienen intereses directos en sus parcelas “este juez se ha excedido en sus funciones al dictar una sentencia más, injusta e ilícita, totalmente amañada, favoreciendo sus intereses y los del empresario Orlando López Olivos, quien es un falso comprador en contubernio con falso vendedor Alex Cruz Lara”.
Además, agregan que el juez Adalberto López dictó sentencia ordenando cancelar las escrituras públicas de las parcelas 194 y 195 que corresponden al ejido Santa Ana Atzacan, municipio ubicado en la región de Las Altas Montañas.
Aseguran que de esos terrenos ejidales pretenden ser despojadas 60 familias, situación que ya generó intranquilidad entre los mismos posesionarios y por ello pidieron el apoyo de las autoridades estatales y federales.
La carta abierta también está dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros, firmado por el ciudadano Paulino López Anzures, representante de colonos de la Colonia Revolución Sector 2 del citado ejido.
La preocupación que enfrentan las 60 familias es que con anuencias de jueces y amparados por magistrados que integran el Segundo Tribunal del Séptimo Circuito, “que sin ir a un estudio de fondo amparan y protegen al falso comprador”, concediéndolo un amparo 665/2021 y ordenan al magistrado de la Cuarta Sala subsanar y proteger al empresario y falso comprador, detalla la información.
“Este grupo que prevalece en la región de Orizaba, una vez que obtienen ilícitamente sentencias totalmente maquinadas y amañadas, con el apoyo de las autoridades judiciales, obtienen órdenes para ejecutar la entrega de inmuebles que no les pertenecen, despojando de esta manera a ciudadanos vulnerables”, señalan en la misiva.
Finalmente dan a conocer que solicitaron la intervención de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz con relación al bloqueo del flujo de aguas pluviales a su comunidad por parte de los ayuntamientos de Mariano Escobedo y Orizaba que le niegan a sus parcelas, a través del oficio s/n de fecha 21 de mayo del año en curso y que en la sesión del 30 de mayo de ese mismo año fue turnado a la Comisión Permanente de Agua Potable y saneamiento para su atención.
