Darío Pale
Xalapa, Ver.- Integrantes de un Consejo Ciudadano para la Protección de Bienes Patrimoniales de Coatepec, asociaciones civiles, ambientalistas y defensores del patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural de Coatepec exigieron la suspensión inmediata de la construcción de un fraccionamiento en la zona de San Lucas, al considerar que los trabajos podrían destruir importantes vestigios prehispánicos.
El arquitecto Gregorio Jácome, representante del Consejo Ciudadano, explicó que los nuevos descubrimientos en San Lucas revelan que el asentamiento arqueológico de Campo Viejo podría tener una extensión mucho mayor a la que se conocía hasta ahora y que, de acuerdo con los indicios encontrados, pudo tratarse de una ciudad de aproximadamente 30 hectáreas.
Detalló que en la zona actualmente se ha identificado una plataforma de aproximadamente 20 por 30 metros, además de una pieza monumental denominada provisionalmente como la “Estela Coatepec”, cuyo tamaño y características, dijo, dan cuenta de la relevancia del sitio.
Jacome señaló que el terreno donde se encuentran estos vestigios pertenece a la empresa Inmobiliaria San Lucas, donde está proyectada la construcción de alrededor de 400 viviendas en una superficie de 12 hectáreas.
Advirtió que los trabajos de urbanización representan un riesgo para los vestigios, debido a que las estructuras se encuentran aproximadamente entre 1.5 y dos metros por debajo del nivel actual del terreno.
“En la medida que siga la construcción van a desbaratar todo”, advirtió.
El representante ciudadano sostuvo que los hallazgos de San Lucas no deben analizarse como elementos aislados, pues existen otros descubrimientos en zonas como La Trinidad, Santa Cecilia, Santa Rosa, Santa María y otros puntos aledaños a Campo Viejo, donde también se han localizado estructuras y materiales arqueológicos.
Por ello, consideró indispensable realizar estudios técnicos de mayor alcance y con tecnología especializada que permita determinar la verdadera dimensión del asentamiento.
Explicó que actualmente las exploraciones se realizan prácticamente “a pico y pala”, lo que resulta insuficiente ante la magnitud de los descubrimientos. Incluso, dijo, los ciudadanos ya han solicitado información sobre equipos especializados, entre ellos sistemas de radar para estudios del subsuelo.
Indicó que el costo estimado de algunos de estos estudios no superaría los 700 mil pesos, por lo que consideró viable destinar recursos públicos para conocer con precisión qué existe debajo del terreno antes de permitir que continúe la urbanización.
Jacome recordó que el pasado 19 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habría recursos para realizar estudios relacionados con los nuevos descubrimientos arqueológicos, mientras que el 22 de junio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, también habría señalado que se destinarían recursos para efectuar un estudio amplio de la zona.
Sin embargo, lamentó que mientras transcurre el tiempo las obras continúen y los terrenos se sigan comercializando.
“Se pasa el tiempo y siguen las construcciones, siguen vendiendo”, señaló.
El Consejo Ciudadano ya sostuvo reuniones con el Ayuntamiento de Coatepec y, de acuerdo con Jacome, se conformó una comisión para analizar el caso desde los puntos de vista técnico y jurídico.
La exigencia central, explicó, es que se suspendan temporalmente los trabajos mientras se realizan estudios profesionales que permitan conocer la extensión y relevancia de los vestigios.
Los ciudadanos rechazaron además que su preocupación sea reciente. Señalaron que desde hace más de 40 o 50 años se tiene conocimiento de la existencia de vestigios prehispánicos en diferentes puntos de Coatepec.
Recordaron que en ocasiones anteriores diversos hallazgos fueron denunciados, pero terminaron saqueados, ocultos o sepultados bajo construcciones, cimentaciones, fraccionamientos y establecimientos comerciales.
“Siempre se ha alzado la voz, solo que apenas se empieza a respetar y escuchar”, sostuvo Jacome, al señalar que actualmente existe un mayor respaldo institucional para exigir la protección del patrimonio.
Otro de los integrantes del Consejo Ciudadano cuestionó que se pretenda considerar cada hallazgo como un caso aislado, cuando la aparición de estructuras en distintos puntos de la ciudad podría demostrar la existencia de un asentamiento de grandes dimensiones.
Estimó que la antigua ciudad pudo haber abarcado alrededor de 30 hectáreas y consideró que los vestigios que aún no han sido sepultados son los que deben ser prioridad para su rescate, restauración y conservación.
Subrayó que la relevancia del hallazgo no se limita a Coatepec o Veracruz, sino que representa patrimonio cultural de la nación.
Sobre la posibilidad de que existan vestigios debajo de viviendas que ya fueron construidas, los integrantes del Consejo plantearon que primero debe realizarse un diagnóstico técnico para determinar la situación de cada zona.
En el caso de los nuevos compradores, recomendaron no adquirir por ahora viviendas o terrenos dentro del desarrollo donde se encuentran los vestigios, mientras se determina la magnitud del sitio y las acciones que deberán emprenderse.
Los ciudadanos también plantearon que el desarrollo inmobiliario sea suspendido temporalmente para permitir la obtención de recursos destinados a estudios especializados y, posteriormente, valorar la posibilidad de crear un museo de sitio.
Consideraron que la conservación del patrimonio arqueológico puede generar beneficios económicos para la región mediante el turismo cultural, de aventura y de conservación, además de representar una oportunidad para generar beneficios para un mayor número de familias.
Uno de los integrantes del Consejo sostuvo que el desarrollo económico y la necesidad de vivienda no pueden colocarse por encima de la protección del patrimonio cultural y ambiental.
Afirmó que el llamado “principio de precaución” debe prevalecer mientras no exista información suficiente sobre la dimensión de los vestigios.
“Es necesaria la suspensión inmediata como principio de precaución”, afirmó.
Los ciudadanos señalaron que la suspensión podría ser determinada por autoridades municipales, estatales o federales, debido a la relevancia de los hallazgos y a las atribuciones que cada nivel de gobierno tiene en materia de protección del patrimonio.
También cuestionaron el argumento de que las autorizaciones otorgadas al proyecto impidan detenerlo y citaron como referencia el caso de Calica, donde el Estado mexicano enfrentó durante años un conflicto relacionado con la explotación y afectaciones ambientales.
Finalmente, el Consejo Ciudadano reiteró su llamado al Ayuntamiento de Coatepec, al Gobierno de Veracruz, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Gobierno federal para que cumplan los compromisos anunciados, destinen recursos y realicen estudios con tecnología especializada antes de que continúe la urbanización de la zona.
El objetivo, insistieron, es determinar qué existe en el subsuelo, preservar los vestigios que aún pueden ser rescatados y tomar una decisión que permita proteger el patrimonio arqueológico, cultural y ambiental de Coatepec.
