Darío Pale
Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha identificado alrededor de siete u ocho casos en los que ha sido necesario establecer medidas de cumplimiento sustituto ante la dificultad para identificar a los responsables de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, principalmente a través de redes sociales.
El magistrado presidente del TEV, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, informó que tan solo en la última sesión del Pleno, celebrada el miércoles, fueron resueltos cinco asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres, de los cuales en tres se determinó que sí existió esta conducta.
Explicó que uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades electorales es el anonimato con el que algunas personas operan en redes sociales, mediante cuentas desde las cuales difunden contenido misógino y violento contra mujeres que desempeñan cargos de elección popular o funciones públicas.
“Algunas personas, valiéndose de la facilidad con la que se puede crear una cuenta de usuario en redes sociales, publican cualquier cantidad de contenido misógino, violento contra las mujeres en ejercicio del servicio público”, señaló.
Salazar Ceballos reconoció que rastrear a los responsables se ha convertido en una tarea complicada, pues aunque se solicitan informes a plataformas como Meta y otras instancias, en ocasiones únicamente se obtiene un correo electrónico o un número telefónico que ya no responde.
Ante esta situación, el TEV ha recurrido a medidas de cumplimiento sustituto, restitución, reparación y satisfacción, con el objetivo de evitar que este tipo de conductas queden impunes.
Sin embargo, consideró que continúa pendiente fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Plantean impedir candidaturas a violentadores reincidentes
El magistrado consideró necesario analizar modificaciones legales que permitan establecer como una causa de inhabilitación para participar en procesos electorales el hecho de haber sido responsable de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Recordó que previamente, mediante interpretaciones de tribunales federales, se había avanzado en la posibilidad de impedir que personas sancionadas por este tipo de violencia pudieran contender por una candidatura.
No obstante, explicó que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una medida de ese tipo resultaba excesiva al no encontrarse expresamente establecida en la legislación.
Por ello, sostuvo que ahora corresponde a los congresos federal y local analizar una reforma que establezca con claridad las consecuencias para quienes incurran en estas conductas, particularmente cuando exista reincidencia.
“Es una posibilidad de solución que la legislación, tanto federal como local, ponga como una causa de inhabilitación el ser perpetrador de violencia política contra las mujeres en razón de género”, planteó.
Señaló que existe un antecedente con los deudores alimentarios, por lo que no sería descabellado avanzar hacia un mecanismo similar para quienes hayan sido acreditados como responsables de violencia política de género.
TEV aún trabaja en su presupuesto
Respecto al presupuesto del Tribunal Electoral de Veracruz, Salazar Ceballos indicó que todavía no cuentan con una cifra definitiva, aunque continúan trabajando en la propuesta.
Adelantó que habrá ajustes en el capítulo 1000, particularmente porque las disposiciones actuales impiden que los integrantes de la alta dirección de las autoridades electorales sean beneficiarios de mecanismos como el seguro de separación individualizada.
Aunque esto representará una reducción en dicho capítulo, explicó que el Tribunal también enfrenta mayores necesidades debido al próximo proceso electoral y a la demanda adicional de servicios que éste generará.
Por ello, indicó que se analiza solicitar un incremento presupuestal, aunque todavía no existe una cifra final.
Defiende libertad de expresión de periodistas
Al ser cuestionado sobre resoluciones relacionadas con violencia política de género que posteriormente han sido controvertidas ante otras instancias judiciales, particularmente en casos que involucran a periodistas, el magistrado defendió la importancia de los controles constitucionales y de la libertad de expresión.
Aclaró que en el caso mencionado durante la entrevista, relacionado con el comunicador Elfego, el TEV no emitió originalmente una sentencia condenatoria y destacó que el tribunal reconoce el papel de los medios de comunicación como un elemento fundamental de la democracia.
“De ninguna manera nos incomoda que se nos cuestione, que se nos señale. Es necesario que el poder público, que los servidores públicos se nos cuestione”, afirmó.
Consideró que las decisiones de los tribunales deben estar sujetas a revisión mediante los canales institucionales correspondientes y sostuvo que, en el caso referido, se privilegió el ejercicio de las libertades informativas.
Advirtió que las distintas interpretaciones que pueden surgir durante el proceso de una denuncia pueden generar el riesgo de limitar la libertad de expresión, por lo que llamó a mantener un equilibrio entre la protección de derechos y las libertades informativas.
“Desde luego, a título personal yo lo digo, no se deben delimitar las libertades informativas de ninguna manera. Tenemos que ser tolerantes a la crítica”, expresó.
Al mismo tiempo, consideró necesario fortalecer la capacidad de la sociedad para distinguir entre información sustentada y contenidos falsos.
TEV emite por primera vez medidas cautelares para proteger a edil
Por otra parte, el presidente del TEV confirmó que durante la sesión del miércoles el Pleno emitió medidas cautelares para proteger a una regidora que denunció una situación relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de género.
Destacó que es la primera ocasión en que el Tribunal Electoral de Veracruz emite este tipo de medidas cautelares en un asunto de estas características.
Explicó que habitualmente, ante denuncias de violencia política de género, se solicitan medidas de protección; sin embargo, en este caso se determinaron medidas cautelares con el propósito de garantizar que la edil pueda ejercer plenamente sus derechos político-electorales y, al mismo tiempo, evitar que su integridad física se encuentre en riesgo.
El magistrado aclaró que la determinación se encuentra en una etapa cautelar y que el Tribunal todavía no cuenta con el informe de la autoridad señalada como responsable, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Precisó que para conceder las medidas se tomaron en cuenta los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a partir de la información disponible hasta ese momento.
Por ello, subrayó que el otorgamiento de las medidas no implica prejuzgar sobre la responsabilidad de las autoridades denunciadas, sino garantizar de manera preventiva el ejercicio de los derechos de la regidora mientras continúa el procedimiento.
