Darío Pale
Xalapa, Ver.- La Unión de Concesionarios de Verificentros del Estado de Veracruz fijó su postura respecto a las recientes acciones de supervisión y revisión del programa de verificación vehicular, al manifestar su respaldo a la política de orden y revisión impulsada por el Gobierno estatal, pero también exigir que los procedimientos se desarrollen con apego a la legalidad y bajo los mismos criterios para todos los establecimientos.
A través de un posicionamiento público dirigido a los medios de comunicación, a las autoridades estatales y a la opinión pública, la agrupación señaló que considera necesario aclarar su postura ante los acontecimientos recientes, con el propósito de evitar que intereses particulares se confundan con los principios y objetivos de la organización.
El documento, firmado por Eduardo Javier Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Verificentros del Estado de Veracruz, precisa que las acciones, manifestaciones y estrategias de presión emprendidas por el grupo encabezado por Alejandro Huesca no representan la voluntad de la agrupación.
Asimismo, sostuvo que respeta el derecho de cualquier concesionario a manifestar inconformidades y ejercer los recursos legales que considere pertinentes; sin embargo, aclaró que esas diferencias deben atenderse mediante los procedimientos correspondientes y no a través de presiones públicas o acciones que puedan interpretarse como intentos de interferir en las decisiones gubernamentales.
La organización subrayó que no comparte las acciones de presión ni las expresiones dirigidas contra funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), particularmente cuando las actuaciones de las autoridades tienen como finalidad revisar el cumplimiento de las disposiciones que regulan el programa.
En el apartado denominado “La legalidad debe ser para todos”, los concesionarios reconocieron el trabajo de la gobernadora Rocío Nahle García por impulsar una política de orden y revisión del programa de verificación vehicular.
También destacaron la labor de la directora general de Verificación Vehicular, Paola Elizabeth López Chávez, y del subdirector Jesús Serrato G., quienes han participado en las acciones de supervisión y revisión de los centros de verificación.
La Unión informó que tiene conocimiento de que más de 60 verificentros han sido suspendidos por presuntos incumplimientos e irregularidades detectadas durante los procesos de revisión. Señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades, conforme a la Ley Estatal de Protección Ambiental, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y demás disposiciones vigentes.
No obstante, reconoció que algunos de sus propios integrantes también fueron objeto de observaciones y suspensiones, por lo que atendieron las irregularidades señaladas y realizaron las correcciones correspondientes. Actualmente, se encuentran a la espera de que concluyan los plazos aplicables para poder reanudar sus actividades.
La agrupación insistió en que no solicita privilegios ni excepciones, sino reglas claras, procedimientos legales y el mismo criterio para todos los concesionarios.
Advierten sobre posibles irregularidades
En otro apartado, denominado “No más prácticas que dañen el programa”, los concesionarios manifestaron su preocupación por prácticas que, de comprobarse, podrían perjudicar tanto a los automovilistas como a las finanzas públicas y la credibilidad del programa de verificación vehicular.
Entre las situaciones señaladas mencionaron posibles mecanismos irregulares para obtener resultados de verificación, así como presuntas inconsistencias en el cobro, registro y entero de pagos correspondientes ante SEFIPLAN.
Aclararon que no pretenden sustituir a las autoridades investigadoras ni emitir sentencias desde los medios de comunicación; sin embargo, exigieron que cualquier irregularidad sea investigada, que las pruebas sean valoradas y que se sancione a quienes resulten responsables, sin distinciones ni protección por intereses particulares.
En ese sentido, advirtieron que el programa de verificación vehicular no debe convertirse en patrimonio de grupos, instrumento de presión ni espacio para prácticas contrarias a la ley.
Respaldan a la Gobernadora
Finalmente, la Unión de Concesionarios de Verificentros reiteró su respaldo a la administración estatal encabezada por Rocío Nahle García y manifestó su confianza en que los responsables de la supervisión del programa continúen desempeñando sus funciones con imparcialidad y apego a derecho.
Asimismo, recordó que los verificentros representan una fuente de empleo y sustento para cientos de familias veracruzanas, por lo que reiteró su compromiso de continuar trabajando por un programa de verificación vehicular sólido, confiable y transparente.
El posicionamiento concluye con el mensaje: “Estamos con el orden, estamos con la legalidad y estamos con Veracruz”, firmado por Eduardo Javier Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Verificentros del Estado de Veracruz.
