Darío Pale
Xalapa, Ver.- La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Concepción Flores Saviaga, informó que están esperando la publicación del presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, toda vez que al parecer, no se los otorgaron de manera completa, es decir, lo que corresponde al 2 por ciento del total del presupuesto del Estado.
En entrevista informó que de no ser así, nuevamente recurrirán a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demandar lo que por ley les corresponde, tal como paso en la administración de Yunes Linares.
“Parece ser que fue menor, estoy investigando, me están localizando la Gaceta Legislativa y si no nos lo dan, estarán afectando los recursos que se necesitan para los gastos, la innovación de todo el equipo tecnológico de todo el Estado, además de la capacitación para la reforma laboral”, señaló.
“No tienen por qué reducirnos el presupuesto, porque si ese presupuesto no se hubiera reducido desde ejercicios anteriores, se hubieran tenido los recursos para no hacer compromisos como se hicieron y endeudar al Estado con las empresas que hacen supuestamente la inversión privada con el Poder Judicial para endeudarse con las ciudades judiciales”, agregó.
En otro orden de ideas, aseguró que las licitaciones y contratos para la construcción de las ciudades judiciales no cumplieron los requisitos legales que rigen las normas administrativas estatales, federales e internacionales y por lo tanto, esos compromisos que se hicieron son “ilegales” y procedería la nulidad de los contratos.
Informó que solicitó una revisión de parte del Colegio de Arquitectos para analizar esas licitaciones y contratos que se otorgaron en la administración del exmagistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña y por los que se deberán pagar por 25 años.
“No se cumplió ningún requisito legal para las licitaciones que rige la norma administrativa que rige a nivel estatal, federal e internacional. Si no se cumplieron los requisitos en las licitaciones y contratos, esos compromisos que se hicieron fueron ilegales”, afirmó.
Por lo anterior espera que en enero, cuando se renueve el Consejo de la Judicatura, puedan revisar todas esas licitaciones y contratos con los nuevos integrantes, “no nada más del año que estuvo la magistrada Sofía, sino las anteriores, porque les quiero decir que, de acuerdo a la norma administrativa, los delitos de abuso de poder no prescriben en siete años”, aseveró.
Por ello, se pronunció por revisar junto con el el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), las observaciones hechas en 2018 a las licitaciones de las ciudades judiciales, “no han sido aprobadas, no importa, la acción legal de un contrato no prescribe para pedir la nulidad de un contrato. Los contratos de obra son como cualquier contrato que deben sujetarse a la norma federal e internacional”, abundó.
Flores Saviaga se pronunció porque se investigue y sancione a quien resulte responsable por el manejo de los millonarios recursos para la construcción de las ciudades judiciales, situación que denunció el abogado Tomás Mundo en semanas anteriores, por lo que recalcó que el Pleno del Tribunal tendrá las facultades para revisar y proceder a través de las acciones legales que correspondan y fincar responsabilidades contra quien resulte responsable.
Refirió que el finado Mauricio Duck tenía en su poder todos los documentos relacionados a este asunto, pero aseguró que él nunca firmó ningún contrato del Consejo para que se hiciera mal uso de esos recursos, por lo que advirtió que de confirmar que no cumplieron con la normas para las licitaciones, podrán contratar a quien sí cumpla.
Finalmente en otro tema, expuso que la expresidenta de dicha soberanía, Sofía Martínez Huerta, tendrá su derecho de audiencia tras las denuncias y quejas presentadas en su contra.
