Alejandro Ávila
Veracruz, Ver. – La señora Guadalupe Reyes Estrella interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del Juez Octavo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Maximino Contreras Rosales, a quien se le acusa de ayudar a la madre de una menor de edad, quien está denunciada por omisión de cuidados.
La denunciante es abuela de la pequeña y señala que el Juez podría estar incurriendo en delitos de abuso de autoridad, toda vez que se presume parcialidad, ilegalidad, deslealtad, deshonra e ineficiencia, pretendiendo así darle todas las facilidades a la madre de la niña.
La madre de la pequeña, Karime Ramírez Sánchez, ha sido beneficiada por el Juez, a pesar de que esta fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas por el delito de omisión de cuidados.
“Esto es de conocimiento del Juez Maximino Contreras, además se le manifestó que en dicha carpeta de investigación existe un dictamen psicológico, en el cual se concluyó por parte de la perito psicóloga que mi nieta se encuentra afectada por los hechos delictuosos denunciados”, comentó en entrevista.
La abuela de la pequeña, expuso que, en la carpeta de investigación, también se encuentra el informe de la directora del centro educativo donde cursa el primer año de primaria, y ahí se puntualiza que la pequeña no ha asistido a las clases en línea desde el segundo trimestre del 2021; por lo que esto le afectará en su escolaridad, ya que podría repetir el año por culpa de su madre.
La menor de edad, comentó, sufre de una enfermedad congénita que requiere de atención y terapias de rehabilitación, pero la pequeña no asiste, pues su madre no la lleva; acusó que, si bien todo esto es conocido por el Juez, ahora resulta que el togado tiene un “desmedido interés” de ordenar con urgencia que la pequeña sea devuelta a su madre.
Finalmente, expuso que, sin haber practicado la diligencia que había solicitado, ordenó que se le devuelva la menor a su madre, incluso con el uso de la fuerza pública, sin que exista sentencia o procedimiento alguno.