Juan Arcos
Xalapa, Ver.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que será aplicada la justicia contra Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, luego de que el Reino Unido autorizara su extradición a México.
En conferencia de prensa, celebrada en Palacio de Gobierno, celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya abandonado el caso y haya logrado este paso en busca de justicia contra quienes saquearon al estado.
“Felicito a la FGR por no haber soltado el caso, por haberse mantenido para que se litigara en Londres, Inglaterra y se hiciera efectiva la petición de extradición, ganaron este paso. El daño a las finanzas de Veracruz en la época de Javier es real y lo seguimos padeciendo, se tiene que continuar en búsqueda de los responsables y que se siga el proceso judicial”, enfatizó.
Además, indicó que su gobierno ha procedido legalmente contra los exfuncionarios que dañaron el patrimonio de los veracruzanos, sin distingo de colores partidistas.
El titular del Poder Ejecutivo en Veracruz destacó que en abril del año pasado se giraron órdenes de aprehensión contra ocho exfuncionarios del DIF estatal, durante el sexenio de Javier Duarte, exmandatario que se encuentra preso en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
García Jiménez mencionó que en su gobierno no hay pactos con delincuentes, ni con personas que hayan dañado al patrimonio del estado, como sucedió durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
“Aquí no hay pactos como con el que me antecedió, fueron arreglitos, pura simulación, aquí se va a seguir indagando a los responsables de ese gran desfalco”, sentenció.
A su juicio, la entidad continúa padeciendo las consecuencias de la “licuadora financiera”, misma que impidió que los recursos federales llegaran a los municipios.
“Mi antecesor no hizo nada por litigar y resolver la situación de este desfalco y evitar recargos y sobre recargos, aumentaron intereses, multas y lo dejaron”, añadió.
Karime Macías enfrenta cargos por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasma cuando fue presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz.
Sin embargo, su defensa apelará la decisión de un juez británico para su extradición a México.
