Darío Pale
Xalapa, Ver.- Félix Romero Martínez, secretario de Trabajo del sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa adherido a la CTM, denunció
públicamente una serie de presuntas irregularidades al interior de la organización sindical, las cuales —aseguró— ponen en riesgo los derechos laborales de los trabajadores y la permanencia del contrato colectivo.
En conferencia de prensa, Romero Martínez afirmó que desde hace aproximadamente ocho o nueve meses, cuando ingresó al sindicato, comenzaron diversas anomalías relacionadas con la representación legal y el funcionamiento interno del comité sindical.
Según expuso, el conflicto inició cuando presuntamente se intentó otorgar la titularidad y representación legal del sindicato a una abogada identificada únicamente como “del Rosario”, quien además habría sido propuesta anteriormente como candidata a la alcaldía de Xalapa por el Partido del Trabajo (PT).
El dirigente sindical señaló que él se negó a firmar documentos para avalar dicha designación, debido a que, afirmó, los estatutos establecen que ese procedimiento debe ser aprobado en asamblea y respaldado por todo el comité ejecutivo.
“Yo no firmé eso, no me presté para darle la titularidad como apoderada legal. La asamblea dijo que no y aun así se hizo”, expresó.
Romero Martínez acusó que, tras manifestar su desacuerdo, fue sancionado y separado de sus funciones por órdenes directas del secretario general del sindicato, situación que —dijo— también ocurrió con otro integrante del comité identificado como Franco Conde Eslava, secretario de Acción Política.
Indicó que ambos fueron señalados de actuar “deslealmente” contra el sindicato, incluso por mantener diálogo con la parte patronal, aunque aseguró que eso forma parte de las funciones de sus cargos.
El secretario de Trabajo advirtió que la situación podría derivar en consecuencias graves para los trabajadores, ya que un comité sindical presuntamente mal integrado podría invalidar procesos de revisión salarial y contractual.
“Si no está bien fundamentado un contrato colectivo y el comité, existe el riesgo de perder el contrato colectivo y con ello la relación obrero-patronal”, sostuvo.
Asimismo, denunció posibles irregularidades en el manejo de recursos económicos del sindicato.
Explicó que existía una cuenta bancaria registrada a nombre del comité ejecutivo y aseguró que para disponer de recursos era necesaria su firma, misma que —según dijo— nunca otorgó.
“Estamos hablando de cantidades fuertes de dinero. Yo no quise involucrarme porque podría considerarse fraude o desvío de recursos”, afirmó.
Entre las anomalías denunciadas, también mencionó la pérdida de un bono económico por más de 3 millones de pesos que, de acuerdo con Romero Martínez, debía entregarse a los trabajadores a partir de 2025.
Precisó que el bono ascendía a 3 millones 24 mil pesos y acusó al secretario general de haber dejado perder ese beneficio al modificar el esquema de revisión contractual correspondiente a los años 2022, 2023, 2024 y 2025.
“Lo único que puedo asegurar es que ese bono se perdió y eso afecta directamente a los trabajadores y a sus bolsillos”, señaló.
El sindicalista añadió que actualmente existe una revisión contractual en curso y manifestó preocupación de que el sindicato pueda llegar a un emplazamiento a huelga sin contar con un comité legalmente integrado, lo que pondría en mayor riesgo el contrato colectivo.
Además, acusó al secretario general de utilizar listas de asistencia de asambleas para elaborar actas y justificar decisiones internas, entre ellas la designación de la representante legal.
Romero Martínez sostuvo que cuenta con pruebas documentales sobre las presuntas irregularidades y pidió la intervención de las autoridades municipales, estatales e incluso federales.
“Me gustaría que la alcaldesa, el Gobierno del Estado y hasta el Gobierno Federal se dieran cuenta de esta situación que está pasando en CMAS”, expresó.
Finalmente, aseguró que existe un ambiente de intimidación dentro del sindicato y acusó al dirigente sindical de impedirles el acceso a las asambleas y ejercer presión contra trabajadores inconformes.
“Ya les impuso miedo a los trabajadores. El compañero no vino precisamente por temor”, concluyó.
