Juan Arcos
Xalapa, Ver.- Concesionarios de Verificentros denunciaron hostigamiento por parte de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), quienes amenazan con negarles engomados y el posible retiro de las concesiones.
Los afectados señalaron de manera anónima que la directora de Control de Contaminación y Evaluación Ambiental, Adriana Reyes Toledo y su subordinado el jefe del Departamento de Verificación Vehicular Obligatoria, Teodoro Bravo Gabriel, no llevan a cabo los procesos administrativos correspondientes durante las inspecciones que realizan.
Acusaron que ambos servidores públicos han visitado los entes verificadores sin uniforme, sin credencial que los acredite como funcionarios, sin oficio de comisión o algún documento que justifique la visita, en la cual aprovechan para amedrentarlos con grabaciones del lugar, entre otros procesos que no están marcados, ni justificados por la Ley.
Durante la última semana del mes de marzo, varios concesionarios se vieron en la necesidad de cerrar los negocios, debido a un grave desabasto de engomados, presuntamente por falta de planeación de los funcionarios de la Sedema.
Cabe destacar que en los últimos meses han cerrado varios verificentros en Xalapa, Veracruz y Boca del Río, por no contar con los engomados.
Lo anterior, dijeron, porque la Sedema ha suspendido la adquisición de los mismos bajo el pretexto de que no han entregado el reporte 2019 al 2022.
Cabe mencionar que cada año la Secretaría emite una ficha de cumplimiento a cada uno de los entes verificadores, con lo que estos comprueban que han cumplido en tiempo y forma con los reportes correspondientes.
“Nosotros tenemos todo en regla, sin embargo, viene Adriana Toledo o Teodoro Bravo a solicitar la documentación otra vez, lo que nos hace pensar que perdieron los documentos, los escondieron o algo paso al interior de la dependencia para que nos etiqueten como omisos”, expresó uno de los concesionarios.
Los quejosos también mencionaron que a finales de 2022, Teodoro Bravo y Adriana Toledo, fueron señalados de actos de corrupción, al extorsionar a concesionarios para ocupar esos recursos con fines políticos.
